Miércoles , 19 diciembre 2018
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Un cierre pendiente de la Justicia y que se enfrenta a 80 colectivos

Madrid Central se activa hoy a modo de laxo ensayo con la premisa de reducir las emisiones contaminantes en la ciudad. Por el camino ha ido sumando detractores hasta el punto de que su aplicación definitiva, con sanciones reales, dependa de lo que determine el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante los cuatro recursos que piden su anulación para ser perfeccionado. En paralelo, el Gobierno municipal ha ido restando fuerza a la aplicación de una medida que incluso ha dividido al PSOE regional y municipal.

El PP del Ayuntamiento, el Gobierno regional, el bufete de abogados Dvuelta y Automovilistas Europeos y Asociados (AEA) tratan de anular el plan estrella de Manuela Carmena por falta de documentación, consenso e incoherencias en la Ordenanza de Movilidad. Ayer, el Ayuntamiento esquivó las medidas cautelarísimas solicitadas por AEA, pero el estudio continúa su curso.

La máxima responsable de Madrid Central, Inés Sabanés, acumula enemigos a costa del gran área de prioridad residencial. Ahora Madrid no sólo no tiene –nunca lo ha tenido– el

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